Ayuso castiga a los expresidentes Ignacio González y Ángel Garrido, que se quedan sin puesto ni dietas por asesorar al gobierno

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ultima un decreto para regular el estatuto de expresidentes regionales que dejará a Ignacio González (presidente entre 2012 y 2015) y Ángel Garrido (2018-2019) sin la posibilidad de sentarse en la Comisión Jurídica Asesora del ejecutivo y cobrar dietas por ello. Así lo avanza este jueves la administración regional, que ya vetó a ambos en el 40 aniversario de la Asamblea, con el argumento de que no encabezaron las listas electorales que permitieron al PP gobernar, pues el primero sucedió en mitad de la legislatura a Esperanza Aguirre (2003-2012), y el segundo a Cristina Cifuentes (2015-2018). Las razones de fondo, sin embargo, son otras: González está pendiente de juicio por el caso Lezo; y Garrido dio el salto a Ciudadanos tras ser desbancado de la candidatura popular a la presidencia por Ayuso. La normativa también fija que a partir de ahora los expresidentes y exconsejeros puedan cobrar el 80% de su sueldo durante dos años (82.472 y 88.054, respectivamente), lo que supondría gastar más de 1,7 millones si los actuales integrantes del ejecutivo se acogieran a ella.

Hubo un tiempo en el que los expresidentes de Madrid cobraban 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), y tenían coche oficial y un asistente como integrantes del Consejo Consultivo, organismo que Esperanza Aguirre creó en 2007 y cuya función consistía en emitir dictámenes para el Ejecutivo autónomo. De ello se beneficiaron Joaquín Leguina (PSOE, presidente entre 1983 y 1995) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003). Presionada por Ciudadanos, el partido del que dependía su gobierno, Cristina Cifuentes debió disolver el organismo. Ahora, con la excusa de que Madrid es la única región sin estatuto de expresidentes, junto con Cantabria, Díaz Ayuso recupera un planteamiento similar, aunque aún por definir.

Así, los expresidentes que se incorporen a la Comisión Jurídica Asesora del gobierno podrán cobrar dietas, cuya cuantía debe fijar aún la consejería de Hacienda. Esta dieta será incompatible con la indemnización tras el cese en el cargo, y González y Garrido no podrán aspirar a ella al no cumplir el requisito de haber arrancado la legislatura como presidentes. Lo mismo ocurre con Pedro Rollán, actual presidente del Senado, que estuvo al frente de Madrid durante cuatro meses de 2019, y en funciones. La pertenencia en este organismo consultivo será de máximo seis años desde su nombramiento, aunque se podrá ampliar a 12 para los expresidentes que hayan estado más de cuatro años en el cargo.

Esta decisión, junto la de fijar una indemnización por cese para los expresidentes que ascenderán al 80% de sus retribuciones, y se podrá cobrar durante un máximo de dos años (82.472 euros en el momento actual), es un movimiento clave. De hecho, forma parte de un cambio tectónico de fondo: acunada por la mayoría absoluta que le dieron las urnas en mayo, Ayuso lleva desde 2023 enfocada en deshacer todas las cesiones que tuvo que hacer Cifuentes a la oposición para poder gobernar en minoría.

Los movimientos han sido constantes: del sistema de elección de la Cámara de Cuentas a la organización del Consejo de Transparencia; de las sucesivas reformas de Telemadrid a las de las leyes LGTBI, pasando ahora por la recuperación de la gratificación para los expresidentes.

“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, recordó Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, cuando el gobierno empezó a trabajar en el estatuto que ahora tramita. “Lo que me gustaría a mí es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, siguió, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019), pues se mostró a favor de acotar los beneficiarios a aquellos que hubieran desempeñado el puesto un tiempo mínimo, como finalmente ha ocurrido. “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”.

En el mismo sentido se expresó Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explicó, antes de que Ayuso le nombrara presidente de la Cámara de Cuentas con un sueldo de más de 100.000 euros. “Si estás trabajando, debes de cobrar, creo yo”, añadió.

Como compensación económica por incompatibilidad de altos cargos tras su cese, los expresidentes de Madrid recibirán desde ahora una cantidad mensual por un tiempo equivalente al de su permanencia en el Gobierno, durante un máximo de dos años, correspondiente al 80% de sus retribuciones (82.472 euros en el momento actual). Dicha compensación no es compatible con cualquier otra actividad pública o privada retribuida, ni estará acompañada de ningún tipo de pensión de jubilación. La primera beneficiaria, si así lo solicitara, podría ser la propia Díaz Ayuso, ya que la medida, precisan desde el gobierno, no es de aplicación retroactiva.

De esta manera, señala el gobierno regional, se adopta la regla establecida en la Administración estatal para el Presidente del Gobierno, Ministros y Secretarios de Estado. Además, Andalucía, Cataluña, Galicia y Navarra también reconocen el derecho a un sueldo mensual. En todos los casos, detalla el ejecutivo madrileño, se otorga este derecho con carácter temporal y durante un máximo de dos años, salvo en Cataluña donde se reconoce por la mitad del tiempo que el expresidente haya estado en el cargo

Coche oficial y oficina

Además, a partir de la aprobación del decreto, los expresidentes de Madrid, si han estado un mínimo de dos años en el cargo, contarán durante dos años con dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de coche con conductor. También se les pagarán gastos de representación. Y cuando hubieran estado en el cargo durante un tiempo superior a cuatro años tendrán derecho a lo anterior durante los cuatro años posteriores a su cese.

Este tipo de beneficios son reconocidos para sus expresidentes con carácter temporal por País Vasco, Galicia, Andalucía y Aragón, según el gobierno de Madrid, que añade que Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha lo hacen con carácter vitalicio, o sin fijar límite temporal alguno.

Finalmente, todos los expresidentes, con independencia del momento en el que hayan ejercido el cargo, tendrán derecho “usar las dependencias que la Comunidad de Madrid ponga puntualmente a su disposición para su actividad institucional como expresidente; contar con los servicios de atención protocolaria con ocasión de su participación en actos o reuniones; y ser resarcidos de los gastos derivados de su actividad institucional o de los servicios de representación que se les haya encargado”. También podrán “disponer de los medios para garantizar su seguridad cuando sea preciso”.

El futuro Decreto también regula la figura de los exconsejeros, que recibirán una cantidad mensual por un tiempo equivalente al de su permanencia en el Gobierno, durante un máximo de dos años, correspondiente al 80% de sus retribuciones (88.054 euros). Y señala que “los derechos contemplados en este decreto no serán de aplicación a los presidentes o consejeros que hayan sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por sentencia judicial firme”. Una previsión marcada por los procedimientos abiertos por las tramas Gürtel, Púnica o Lezo.